El concejal socialista José Antonio Pajuelo considera un "despilfarro de dinero público" la decisión del Ayuntamiento de emplear 250.000 euros para desbloquear la situación del parking Conquistadores a nivel jurídico, tras cinco años de retraso en la apertura del mismo. Pajuelo ha explicado que "sospecha una estrategia para procurarse el asesoramiento jurídico necesario que le permita salir lo mejor parado posible en términos electorales", de ahí que señale la “ falta de transparencia y claridad de este nuevo contrato, que podría incluso incurrir en prevaricación”.
Pajuelo lamenta que "el equipo del PP no razone por qué ahora el gabinete jurídico municipal sea insuficiente en conocimientos o de capacidad de trabajo para afrontar este caso, teniendo que buscar asesoramiento exterior". Señala igualmente que "no parece lógico que la incompetencia del equipo del PP, como en el Cubo o la calle del alcalde, deba ser pagado por todos vecinos".
Desde el PSOE consideran que "la decisión a adoptar no requiere una especialización jurídica específica, pues solo hay dos salidas: el secuestro o la resolución del contrato. La segunda supondrá llegar a un acuerdo económico con la entidad bancaria y, si no es así, calcular lo que le correspondería percibir al concesionario por la obra ejecutada, se le entrega al banco a cuenta de la deuda del promotor, con lo que el parking quedaría de nuevo libre para ser sacado a nueva licitación".
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
Los mismos exigen que el adjudicatario se obliga a tener dos letrados a plena disposición del alcalde para acudir al Ayuntamiento a asesorarle cuantas veces haga falta sobre el parking. El procedimiento es restringido: solo pueden participara aquellos profesionales y empresas, del mundo del Derecho, que tengan la suficiente solvencia técnica y económica para ser invitados.
Los pliegos recogen que la empresa de asesoramiento debe haber asesorados a Administraciones públicas o empresas privadas en relación con tres concesiones que incluyan aparcamiento públicos cuyo valor sea superior a los 12 millones de euros. También se pide que en la empresa al menos dos personas tengan categoría de socio y experiencia de más de diez años. El Decreto estable cinco días desde el anuncio de licitación, es decir, hasta mañana martes 13, pues apareció en el BOP el jueves y el viernes en el perfil del contratante municipal.
TRIPLE SOSPECHA
José Antonio Pajuelo dice que con estos antecedentes cabe una triple sospecha: "o estamos antes un 'traje a medida' y ya se sabe el adjudicatario; o se busca lo contrario, que nadie reúna los requisitos para que el procedimiento restringido quede desierto y se tenga que acudir al negociado; o que en los dos procedimientos contenciosos que el Ayuntamiento ha mantenido hayan buscado este asesoramiento y ahora sacan el pliego para poderles pagar, por lo cual se caería en una incidencia del ámbito penal, una posible prevaricación administrativa”.
